El derecho de petición es un derecho consagrado en la Constitución Política, que permite a los ciudadanos presentar peticiones a las autoridades, e incluso a los particulares, con el fin de obtener información sobre aspectos particulares o de interés general.
Este mecanismo es cada vez mas utilizado y se ha convertido en uno de los métodos mas eficaces para lograr que ciertas autoridades y entidades atiendan las peticiones, brinden información completa y soluciones pertinentes; esto debido a que la Ley establece sanciones para quienes optan por contestar de manera disuasiva, incompleta o simplemente hacer caso omiso a las necesidades de los particulares. Este es el caso de las entidades financieras, con quienes nuestros usuarios se enfrentan día a día en peticiones y ruegos para solicitar aclaraciones de sus deudas, saldos, liberación de garantías y correcciones en la calificación e información reportada a las centrales de información como TRANSUNION, -Datacredito o Cifin-.
